San Juan de la Maguana.- El obispo y los sacerdotes de Azua, San Juan y Elías Piña advirtieron al presidente Luis Abinader sobre «las consecuencias nefastas para la salud y la vida de esta zona del país» que implicaría la explotación minera en el proyecto El Romero.
“Queremos hacerle un llamado oportuno al Excelentísimo Señor Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, de que se abstenga de otorgar el permiso de explotación minera del Romero», dijeron los curas en una comunicación pública.
“Nosotros como sacerdotes nos identificamos con esta causa, porque creemos que es de justicia y de derecho para el bien de toda la Región Sur”, dijeron los religiosos.
De acuerdo con sus informaciones, la obra «está en las entrañas hambrientas de oro de la empresa minera GoldQuest, a costa de la vida y salud de una región”.
Grullón Estrella
El entonces obispo de la Diócesis de San Juan de la Maguana, monseñor José Dolores Grullón Estrella, publicó un documento el 31 de enero de 2018 en el que se opone a la explotación minera en la provincia sureña.
El obispo señala que “la explotación de la mina no supone el desarrollo humano y económico de la provincia de San Juan de la Maguana”.
El prelado favoreció entonces que se favorezcan otras actividades para “la subsistencia de los pobladores de esta zona, que ahora denominan minera, como la agricultura, la ganadería, las artesanías, el turismo ecológico, todo ello desde una auténtica valoración de la biodiversidad con que contamos”.
El obispo Tomás Alejo Concepción
En el documento fue leído por el cura Santo Cabral Luciano, de la Parroquia Espíritu Santo del barrio El Córbano, en el salón de actos de la Casa Curial de San Juan de la Maguana, donde participó también el obispo de la Diócesis de San Juan, monseñor Tomás Alejo Concepción.
El documento lo firman los párrocos Bernardo Peralta Florián, de El Buen Pastor, Azua; Carlos Peralta Florián, de la Catedral San Juan Bautista; y Sandro Jiménez, de Santa Cruz, Tábara Arriba.
Asimismo, por Jeisis Pérez, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Las Matas de Farfán; Moisés Corcino Valenzuela, Sagrado Corazón de Jesús, Azua; y el padre Manuel Segura, Santísimo Redentor, San Juan.
Firmaron también los sacerdotes Salvador Amauri Beltré, de Nuestra Señora de Guadalupe, Sabaneta; José de los Santos Castillo, Nuestra Señora de Lourdes, en Peralta, Azua; Javier Guativa, de la iglesia Sagrada Familia, en Sabana Yegua, Azua; Francisco Javier de la Rosa, San Pedro Apóstol, El Cercado; José Antonio Álamo, Nuestra Señora de La Altagracia, Juan de Herrera; y el padre Pedro Mateo Valdez, Divina Misericordia, San Juan.
Igualmente, los padres Mártires Gracia D´Oleo, de la Iglesia San José, de San Juan; Gabriel Delgado, San Andrés, Vallejuelo, San Juan; Ramón Emilio del Rosario Adames, Cristo Rey, San Juan; Feliciano Méndez Gerónimo, Vicario de la Catedral; Fresnel Ancina, de la la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia; y Melanio Colas González, de Santa Lucía, las Matas de Farfán, quien es además el director de la emisora católica Radio Corazones.
El documento
MANIFIESTO SACERDOTAL EN CONTRA DEL PROYECTO ROMERO EN LA CORDILLERA CENTRAL, HONDO VALLE, SJM
Sacerdotes para el pueblo y con el pueblo
Los sacerdotes firmantes de este manifiesto, por segunda ocasión, como lo hicimos en el año 2018, donde presentamos nuestra firme postura en contra de la explotación minera en la Cordillera Central, específicamente en el Proyecto Romero, por entender que hoy como ayer, existen las mismas amenazas de su destrucción y contaminación. Basados en las consideraciones de los expertos de las Academia de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la persona del Ing. Eleuterio Martínez, actual presidente de dicha institución científica, realizamos un encuentro del clero junto al Obispo José Grullón, en presencia de los ejecutivos de la Empresa GoldQuest, donde pudimos comprobar que las aguas del Río San Juan, ante la eventualidad de la explotación minera, estará seriamente comprometida, así como sus afluentes y toda la Cordillera Central, madre de todas las aguas que abastece el Valle y la Región Sur
Queremos hacerle un llamado oportuno al Excelentísimo Señor Presidente: Luis Rodolfo Abinader Corona, de que se abstenga de otorgar el permiso de explotación minera del Romero, cuyo interés está en las entrañas hambrientas de oro de la Empresa Minera GoldQuest, a costa de la vida y salud de una región.
Nuestra postura como sacerdotes de esta Diócesis de San Juan de la Maguana, se enmarca en nuestra arraigada identidad con los pueblos y comunidades que nos han visto nacer y formarnos como sacerdotes. Queremos que los pueblos progresen y se desarrollen, pero no a expensas de embargar la salud de las personas y la pureza de sus aguas. Mucho menos, a costa del envenenamiento de la principal fuente de donde emana la vida de los habitantes de esta Región. Queremos resaltar que en el Valle de San Juan y sus pueblos vecinos, la mina y la agricultura no pueden convivir, y esta es una región totalmente agrícola. Como lo fundamenta el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí, al decirnos: “El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua potable dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales” (Laudato Sí N. 28).
La Cordillera Central, zona que la empresa minera quiere impactar, creemos que está dentro los objetivos de la ONU, en su agenda 2030, de la que la República Dominicana es miembro. El objetivo número 6 de esta agenda versa sobre la preservación del agua limpia y saneamiento. El número 13, sobre los efectos del cambio climático y el número 15, que busca proteger la vida de los ecosistemas terrestres. Esta zona montañosa cumple todas las expectativas para ser liberada de toda intervención minera.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su Sentencia TC/0482/19, referencia del expediente TC. 05-2018-0210 en la página 26 de dicha Sentencia, letras b y h, prescribe que: “La Presa de Sabaneta es un activo económico social del país y una garantía para la producción de alimentos en el Valle de San Juan que jamás debe ponerse en peligro, menos por actividades tan lesivas a la naturaleza, cuya secuela tarda mucho, pero mucho tiempo para ser neutralizada por la naturaleza cuando ella misma pueda absolver los impactos negativos de las actividades mineras” (Letra b).
En la letra h, sustenta su principio Precautorio afirmando: “Finalmente y en vista de su fragilidad o sensibilidad ambiental que acompañan los ecosistemas que conforman la Cuenca Alta del Río San Juan, se recomienda que las mismas sean consideradas como “zona de manejo especial”, tal como lo recomienda la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde el Estado le brinde una atención especial a las áreas de las nacientes de los ríos, el bosque nublado y sólo se permita actividades productivas en lugares apropiados bajo el acompañamiento técnico permanente y dirigido a beneficiar a las comunidades locales”.
El agua constituye uno de los derechos fundamentales de la vida. Así lo demuestra la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo: “Cuando los israelitas se sentían desesperados a causa de la sed en el desierto, el Señor ordenó a Moisés que golpeara la roca, de la cual salió agua, para que el pueblo bebiera y no perecieran”. (Éxodo 17, 6). De esto se entiende, que el agua es vital para la subsistencia de los seres vivos, tal como nos lo muestra también la Laudato Sí: “El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos” Laudato Sí, N. 30.
Nuestra Constitución Dominicana protege la Cordillera Central, por ser una zona de alta sensibilidad ecológica, ubicada a 1, 200 metros sobre el nivel del mar. El artículo 15 de nuestra Constitución establece que: “El agua constituye un patrimonio nacional y estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá…».
